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"Bienvenidos al tren del olvido"
El equipo de Telefe Noticias muestra el drama que viven los vecinos de los barrios 21-24 y Zavaleta, y los trabajadores ferroviarios.
"¡Tren!” “¡Tren!” “¡Tren!” A los gritos, el coro de voces funciona como una alarma. Y apenas lo escuchan, los vecinos de los barrios 21-24 y Zavaleta, en Barracas, ya saben lo que tienen que hacer. Correr para refugiarse donde sea. Es que lo que viene puede ser mortal: una locomotora con veinte vagones de carga que pasa pegada a sus casas.
Así viven todos los días. Con el miedo a flor de piel. Sabiendo que un descuido les puede costar la vida. Hasta ahora no hay registros de ningún accidente fatal, pero sí de personas que resultaron heridas o autos que quedaron reducidos a un montón de hierros retorcidos.
Es otra cara del déficit habitacional que hay en el país. Es gente que vive, literalmente, en la vía. En el único pedazo de tierra que encontró para edificar su humilde casa.
También hay que decir que se trata de terrenos ocupados ilegalmente, ya que pertenecen al Estado Nacional. De hecho, los vecinos no tienen título de propiedad ni cumplen con lo que establece la ley: que debe haber 20 metros de distancia entre las vías del tren y la línea de edificación de las casas.
Por eso las víctimas de esta situación son también los trabajadores ferroviarios y la empresa Ferrosur SA, que sufren los perjuicios de tener que transitar con los trenes por una zona plagada de riesgos.
Por un lado, está la amenaza constante de tener algún accidente y, por otro, la de algunos vecinos que provocan la detención del tren para robar su carga. A tal punto, que a bordo de las formaciones incorporaron seguridad privada y una dotación de efectivos de la Policía Federal.
El problema lleva décadas. Cuando Ferrosur SA se hizo cargo la concesión del tren en 1989, las casas ya estaban al lado de la vía. La única solución es demolerlas, pero los vecinos exigen un lugar donde mudarse.
La ley N° 27.453, que entró en vigencia el 30 de octubre de 2018, pareció ofrecer una solución. Estableció la suspensión de los desalojos por cuatro años, plazo en el cual se debe encontrar una alternativa habitacional a los vecinos afectados.
La ley promueve la construcción de viviendas sociales a pagar con tasas accesibles. Pero dos años después, todo sigue igual. El tren que pasa y los vecinos que corren.
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